El establecimiento de prioridades supervisoras cada año proporciona un mecanismo importante para coordinar las acciones de supervisión en el ámbito del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) de manera armonizada, eficaz y proporcionada. Un conjunto claro de prioridades supervisoras comunicadas al público de forma transparente contribuye a mejorar el impacto de la supervisión en las entidades y la igualdad de condiciones.

Las prioridades de supervisión para 2021 se basan en una evaluación de los principales riesgos y vulnerabilidades en el sector bancario. Hasta ahora, la pandemia de coronavirus (COVID-19) ha sido un acontecimiento sin precedentes que ha afectado a la economía real y ha puesto a prueba la capacidad de resistencia de las entidades de crédito europeas. La incertidumbre sobre la profundidad y amplitud reales del impacto global de la pandemia sigue siendo elevada a corto y medio plazo.

La supervisión bancaria del BCE evalúa los riesgos de forma continua y puede adaptar sus prioridades y actuaciones supervisoras en función de la evolución del entorno económico en el que operan las entidades supervisadas. En este contexto, la Supervisión Bancaria del BCE centrará sus próximos esfuerzos de supervisión en cuatro áreas prioritarias que se han visto afectadas de manera significativa por la crisis actual. Las cuatro áreas prioritarias para 2021 son:

• gestión del riesgo de crédito;
• solidez del capital;
• sostenibilidad del modelo de negocio;
• gobernanza.

Además, en 2021 se llevarán a cabo actividades de supervisión adicionales relacionadas con otros riesgos estructurales a medio y a largo plazo para los bancos europeos, más allá del impacto de la pandemia de COVID-19. Los supervisores también se centrarán en la adaptación de los bancos a las expectativas establecidas en la Guía del BCE sobre riesgos relacionados con el clima y medioambientales, los riesgos prudenciales derivados del blanqueo de capitales, los riesgos cibernéticos y de digitalización y la preparación de las entidades para las fases finales de la aplicación de Basilea III. Dependiendo de cómo evolucione la crisis, las actividades de supervisión específicas podrán ajustarse y adaptarse a los perfiles de riesgo individuales de las entidades.

1 Riesgo de crédito

La pandemia de COVID-19 y el empeoramiento del entorno macroeconómico tendrán un impacto directo en la calidad de los activos de las entidades, dada la probabilidad de que se produzcan nuevas rebajas crediticias, aumenten los prestatarios en dificultades y se deteriore el valor de los activos de garantía. Las medidas de respaldo público, incluidas las medidas monetarias, fiscales, regulatorias y supervisoras, han tenido el efecto deseado de evitar una crisis financiera: las tensiones de liquidez sobre las entidades de crédito y los prestatarios se han atenuado, impidiendo que las dificultades de liquidez se convirtieran en problemas de solvencia. Una lección aprendida de la Gran Crisis Financiera —en la que los préstamos dudosos se acumularon con el paso del tiempo, saturando los balances bancarios— es que es esencial reconocer y diferenciar las dificultades financieras puramente temporales causadas por la pandemia y el deterioro del crédito más duradero de carácter económico. La dotación de provisiones adecuadas y el reconocimiento de pérdidas antes de que finalice la vigencia de las moratorias y de las medidas de apoyo fiscal contribuirán a evitar efectos abruptos y procíclicos que podrían amplificar el coste económico de la pandemia.

A este respecto, es importante seguir reforzando las iniciativas puestas en marcha en 2020 para garantizar que las entidades cuenten con prácticas adecuadas de gestión de riesgos para identificar, medir y mitigar el impacto del riesgo de crédito, así como la capacidad operativa para gestionar el aumento previsto de los prestatarios en dificultades.

Además, la Supervisión Bancaria del BCE centrará sus esfuerzos en la adecuación de la gestión, las operaciones, el seguimiento y la comunicación de información de las entidades en relación con el riesgo de crédito. Se pondrá especial atención no solo en su capacidad para detectar cualquier deterioro de la calidad de los activos en una fase temprana y adoptar medidas oportunas y adecuadas, sino también en su capacidad para seguir tomando las medidas necesarias a fin de gestionar de manera apropiada la morosidad y los préstamos dudosos. Los equipos conjuntos de supervisión (ECS) examinarán las prácticas de las entidades en estas áreas y, en caso necesario, también se llevarán a cabo análisis exhaustivos (deep dives) específicos e inspecciones in situ y a distancia.

2 Solidez del capital

El aumento del nivel del riesgo de crédito, junto con los posibles ajustes de mercado, podrían afectar a las ratios de capital de las entidades de crédito. Será importante asegurar la adecuación de las posiciones de capital de las entidades e identificar las vulnerabilidades específicas de cada entidad en una fase temprana a fin de adoptar medidas correctoras, cuando proceda.

En consecuencia, es esencial que las entidades apliquen prácticas de planificación de capital sólidas basadas en proyecciones de capital que puedan adaptarse a un entorno en rápida evolución, en particular en situaciones de crisis. Por tanto, los ECS examinarán la idoneidad de la planificación de capital de las entidades y cuestionarán la adecuación de sus políticas de dividendos y recompra de acciones a este respecto. Además, la prueba de resistencia a escala de la UE coordinada por la Autoridad Bancaria Europea que se llevará a cabo durante 2021 será un elemento importante para calibrar la fortaleza del capital de las entidades en el contexto del diálogo supervisor sobre la planificación de capital.

3 Sostenibilidad del modelo de negocio

La rentabilidad y la sostenibilidad del modelo de negocio de las entidades de crédito siguen estando sometidas a la presión del entorno económico actual caracterizado por bajos tipos de interés, exceso de capacidad, baja eficiencia de costes y competencia de entidades de crédito y entidades no bancarias. La pandemia de COVID-19 está agravando estas presiones.

Durante 2021, la Supervisión Bancaria del BCE continuará examinando críticamente los planes estratégicos de las entidades y las medidas subyacentes adoptadas por la alta dirección de las entidades para superar las deficiencias existentes. Además, dado que la pandemia ha acelerado el proceso de transformación digital, los supervisores evaluarán los progresos de las entidades en respuesta a esta evolución. Cuando proceda, los ECS entablarán un diálogo supervisor estructurado con la dirección de las entidades sobre el seguimiento de sus estrategias de negocio^[1].

4 Gobernanza

Unas prácticas de gobernanza sólidas y unos controles internos estrictos son cruciales para mitigar los riesgos que afrontan las entidades en períodos de normalidad, y aún más en tiempos de crisis. La fortaleza de la gobernanza del órgano de dirección es un factor esencial para superar una crisis y, en este contexto, la evaluación de la gobernanza será un aspecto fundamental de la supervisión. Además, los supervisores seguirán centrándose en la idoneidad de los marcos de gestión de riesgos en situaciones de crisis de las entidades y su capacidad para adaptarlos y aplicarlos adecuadamente en el contexto de la crisis actual. Se espera que los órganos de dirección tengan acceso a la información sobre riesgos, la evalúen y discutan crítica y eficazmente su exactitud, especialmente en lo relacionado con las prácticas de gestión del riesgo de crédito, incluido lo referido a la capacidad operativa y a la adecuación de los mecanismos de dotación de provisiones en el entorno actual. La Supervisión Bancaria del BCE examinará críticamente la capacidad de agregación de datos de riesgo de las entidades y la información sobre riesgos comunicada a la dirección. Además, los supervisores harán un seguimiento de las prácticas de gestión y gobernanza de los riesgos cibernéticos y de TI las entidades, incluidos los riesgos derivados de la externalización de servicios a terceros. Por último, la Supervisión Bancaria del BCE continuará evaluando el impacto prudencial de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en particular en relación con los marcos de control interno de las entidades.