(1)

El artículo 132 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea faculta al Banco Central Europeo (BCE) para adoptar reglamentos. Además, este mismo artículo y el artículo 34 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «Estatutos del SEBC»), por remisión al artículo 25.2 de los Estatutos del SEBC, confieren potestad normativa al BCE en la medida necesaria para ejercer funciones específicas respecto de las políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito.

(2)

Con relación a los requisitos prudenciales de las entidades de crédito, el derecho de la Unión establece las opciones y facultades que pueden ejercer las autoridades competentes.

(3)

El BCE es la autoridad competente en los Estados miembros participantes con arreglo a lo establecido en el derecho aplicable de la Unión a efectos de desempeñar sus tareas microprudenciales en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) conforme al Reglamento (UE) n.o 1024/2013 con respecto a las entidades de crédito clasificadas como significativas de conformidad con el artículo 6, apartado 4, de dicho reglamento, y la parte IV y el artículo 147, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo (BCE/2014/17) (4). Por consiguiente, asume las competencias y obligaciones otorgadas a las autoridades competentes conforme al derecho aplicable de la Unión y, en particular, está facultado para ejercer las opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión.

(4)

El BCE desempeña sus funciones de supervisión en el marco del MUS, que debe garantizar que la política de la Unión en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito se aplique de manera coherente y eficaz, que el código normativo único de los servicios financieros se aplique de manera homogénea a las entidades de crédito de todos los Estados miembros en cuestión y que estas entidades de crédito sean objeto de una supervisión de la máxima calidad. En el desempeño de sus funciones de supervisión, el BCE debe tener debidamente en cuenta la diversidad de las entidades de crédito y sus tamaños y modelos de negocio, así como las ventajas sistémicas de la diversidad del sector bancario de la Unión.

(5)

La aplicación coherente de los requisitos prudenciales de las entidades de crédito en los Estados miembros participantes en el MUS es un objetivo específico del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 y del Reglamento (UE) n.o 468/2014 (BCE/2014/17) que se encomienda al BCE.

(6)

Conforme al Reglamento (UE) n.o 1024/2013, el BCE aplica toda la legislación pertinente de la Unión y, cuando dicha legislación esté integrada por directivas, la legislación nacional que las incorpore al ordenamiento jurídico nacional. Cuando la legislación pertinente de la Unión esté compuesta por reglamentos y cuando en la actualidad dichos reglamentos otorguen expresamente opciones y facultades a los Estados miembros, el BCE debe aplicar también la legislación nacional que incorpore esas opciones y facultades. Dicha legislación nacional no debe afectar al buen funcionamiento del MUS, del cual el BCE es responsable.

(7)

Entre dichas opciones y facultades no se incluyen las otorgadas por el derecho de la Unión a las autoridades competentes y que el BCE es exclusivamente competente para ejercer y debe ejercer según proceda.

(8)

Al ejercer las opciones y facultades, el BCE debe tener en cuenta los principios generales del derecho de la Unión, en particular la igualdad de trato, la proporcionalidad y las expectativas legítimas de las entidades de crédito supervisadas.

(9)

Con respecto a las expectativas legítimas de las entidades de crédito supervisadas, el BCE reconoce la necesidad de establecer períodos transitorios cuando el ejercicio de sus opciones y facultades se aparte considerablemente del enfoque adoptado por las autoridades nacionales competentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento. En este punto, tanto las entidades de crédito que apliquen el método estándar como las que apliquen el método basado en calificaciones internas deben disponer de un período transitorio apropiado. Por lo tanto, las entidades de crédito deben aplicar el umbral de importancia de las obligaciones crediticias en mora establecido en el presente Reglamento a partir del 31 de diciembre de 2020 a más tardar, y deben notificar al BCE antes del 1 de junio de 2019 la fecha exacta en la que empezarán a aplicarlo.

(10)

El artículo 178, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, faculta a las autoridades competentes para definir el umbral de importancia de las obligaciones crediticias en mora conforme al artículo 178, apartado 1, letra b). Al establecer dicho umbral, el BCE debe tener en cuenta los criterios del Reglamento Delegado (UE) 2018/171.

(11)

El BCE considera que el umbral establecido en el presente Reglamento para determinar la importancia de las obligaciones crediticias en mora conforme al artículo 178, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, refleja un nivel de riesgo razonable y su aplicación facilitará una mayor comparabilidad de los requisitos de capital entre las entidades de crédito supervisadas.

(12)

El artículo 143, apartado 1, letra b), de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), dispone que las autoridades competentes publiquen el modo de ejercicio de las opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión.